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Las comisiones parlamentarias de investigación están previstas de manera expresa en la Constitución Española. Su actividad tiene por objeto la indagación de asuntos de interés público para el cumplimiento de cualquier función que tenga atribuida el Parlamento. En las últimas décadas, las comisiones de investigación se han ido ocupando cada vez más de asuntos penalmente relevantes. Eso ha suscitado en la práctica algunas dificultades: desde la concreción del estatuto del llamado a comparecer (investigado o no en un proceso penal) hasta las obligaciones de colaboración entre el Poder Judicial y las comisiones de investigación. Esta tesis doctoral se encarga de examinar esas dificultades. La primera parte del trabajo aborda el régimen jurídico de las comisiones, así como los sujetos, el objeto y la actividad parlamentaria de investigación. La segunda parte examina el estatuto del llamado a comparecer o a colaborar con una comisión de investigación, examinando particularmente sus obligaciones y sus derechos (materiales y procedimentales). Por último, la tercera parte aborda —tras dos consideraciones previas sobre el rango constitucional de la investigación parlamentaria y su finalidad en contraste con la del proceso penal— los problemas procesales de la pluralidad de actividades sobre unos mismos hechos. Problemas que se tratan desde una triple perspectiva temporal: a) investigaciones parlamentarias sobre hechos pasados por autoridad de cosa juzgada; b) actividad jurisdiccional sobre hechos ya investigados por el Parlamento; y, por último, c) investigaciones simultáneas.